Hacia un compromiso medioambiental regional
Publicado 2012-08-16 - porAdmin
En las últimas décadas, el medio ambiente dejó de ser una proyección de preocupaciones que competen a unos pocos. Las acciones y respuestas que brindemos en nuestro entorno tendrán un impacto mundial. Río + 20 coincidió con la existencia de la llamada “aldea global”, donde compartimos realidades que exigen potenciar estrategias con visión de futuro, en las que el papel de los derechos de acceso resulta clave.
Al suscribir la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, aceptamos que sin perjuicio de los desafíos propios de las circunstancias nacionales, reconocíamos un modo democrático de enfrentarlos. El supuesto es simple: las personas tienen derecho a informarse, a participar en las decisiones que los afectan y tener acceso a la justicia en asuntos ambientales, entendiendo que el medio ambiente involucra a todos. Chile viene trabajando en estas materias, al establecer e implementar prescripciones, garantías y mecanismos para adoptar decisiones adecuadas a nuestro objetivo país. Modificamos la institucionalidad buscando un nuevo trato con nuestra tierra y así profundizar la gobernanza ambiental.
Potenciamos disposiciones vinculadas a la información, garantizando una amplia titularidad para solicitarla. Establecimos como obligación legal la elaboración de informes periódicos del estado del medio ambiente y fortalecimos la participación ciudadana en los instrumentos de gestión ambiental. Próximamente debutarán los tribunales ambientales, permitiéndonos contar con una judicatura que otorgue respuestas a vivir en un medio no contaminado.
Nuestra misión debe asimismo trascender las fronteras. Rio+20 sirvió para promover la iniciativa chilena destinada a estudiar la factibilidad de un instrumento regional sobre estos derechos, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de 1992, con apoyo de países del Celac y de la sociedad civil. Una integración orientada por esta agenda de transparencia, participación, acceso a la información y rendición de cuentas es posible y beneficiosa. Somos países que, sin perjuicio de valores, prioridades y niveles de desarrollo propios, compartimos lazos políticos, culturales y lingüísticos.
Nuestro compromiso es garantizar el Principio 10 y honrar la Declaración de Río 92. Se trata de relacionar derechos ambientales y humanos, reconociendo obligaciones hacia las presentes y futuras generaciones y que la sustentabilidad sólo puede lograrse con la participación de todos. También de encauzar las interacciones en un contexto democrático mediante la participación ciudadana apropiada en la negociación e implementación de acuerdos internacionales.
Juntos podremos diseñar vías para canalizar intereses, inquietudes y demandas e intercambiar experiencias y buenas prácticas destinadas a mejorar el desempeño de nuestros gobiernos; potenciar la probidad y transparencia del servicio público; y aumentar la capacidad e involucramiento de la sociedad civil. Contamos con directrices del Pnuma destinadas a orientarnos en el plano nacional y el compromiso de Cepal para aportar al proceso regional.
Las soluciones deben estar a la altura de los desafíos ambientales y de gobernanza que enfrentamos y que la ciudadanía demanda. Confiamos en que ellas permitirán adoptar las medidas adecuadas, aprovechando la gran oportunidad que se nos abre para construir una nueva cultura de protección de nuestro entorno.
Columna de José Luis Balmaceda
Fuente: www.df.cl
